Con el fin del receso administrativo, el gobierno deberá arrancar la actividad con grandes temas que no tuvieron solución en 2009: sueldos congelados y conflictos con los gremios, en particular, los que nuclean a los trabajadores de la educación, que amenazan no comenzar el ciclo lectivo 2010 si no hay recomposición salarial.
Es que el costo de la canasta básica para una familia tipo de dos adultos y dos niños está actualmente en 1.637 pesos debido a la persistente inflación, que a diferencia de lo acontecido con otros gobiernos, no es ahora acompañada por aumentos salariales que mitiguen el efecto inflacionario.
La suba de la canasta básica fue en 2009 de alrededor del 15 por ciento, lo que significa que está ahora el 34 por ciento por sobre el salario de bolsillo de un empleado público y el 10 por ciento por sobre el sueldo inicial de un maestro de grado, ambos con el sueldo “congelado” desde hace más de un año y sin que se avizore ninguna mejora en el horizonte, debido a que el gobierno insiste en que no tiene plata para aumentos salariales.
El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), César Baudino aseguró a AIM que “durante 2010, los principales planteos pasarán por el tema salarial y laboral”, y advirtió que “se avanza en una ley de educación que necesita de mucha inversión. Además, se necesita rever los cargos y la estabilidad laboral y en eso queremos ser muy claros, los representantes docentes en el Consejo General de Educación (CGE) han hecho mucho, se han puesto al día con los concursos y no podemos decir que los funcionarios nombrados por los políticos den cuenta de ello”, destacó.
Para Baudino, el presupuesto 2010, “tiene lógica cavalista: déficit cero, plan blindaje es lo mismo, la Argentina hipoteca el trabajo de los jubilados y de las provincias, sacando ese esfuerzo de las reservas del Banco de la Nación Argentina para pagar 17.500 millones de dólares a los banqueros”, reclamó y aseguró que “en medio de esta situación crítica, sin aumento de sueldos y con miles de problemas, el gobierno privilegia la obra pública por sobre los salarios”.
Para el secretario general de Agmer, “los legisladores que aprobaron el presupuesto tuvieron oído más fino para los intereses de las multinacionales que para el pueblo que representan, a pesar de haber tomado el compromiso de no aprobar un texto que no contemplara pauta salarial. Lo aprobaron de todos modos atendiendo más el interés financiero que el popular”.
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