En su dictamen, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de
Agricultura que profundice los estudios sobre agroquímicos y pidió que
la recategorización de su toxicidad se base en resultados independientes
y no en los presentados por las empresas.
Las empresas de agroquímicas defienden la baja toxicidad de sus
productos con una metodología polémica: hacen hincapié en los efectos
agudos, la exposición a corto plazo y con efectos inmediatos. No
profundizan los estudios científicos en los efectos crónicos, que
implica exposición a bajas dosis durante un tiempo prolongado (como
sucede en la práctica con las fumigaciones de campos de soja o arroz).
Desde hace décadas, en todo el mundo, organizaciones ambientales y
campesinas piden modificar esa metodología. La Defensoría del Pueblo de
la Nación acaba de dar un paso en ese camino: solicitó al Ministerio de
Agricultura que modifique la forma de clasificación de los agroquímicos,
instó a que los estudios de toxicidad estén a cargo de instituciones
independientes (no de empresas ni de científicos ligados a las
compañías) y, hasta que no se implemente la nueva metodología, reclamó
que los agroquímicos sean reubicados en la más alta categoría de
toxicidad, lo que implicará alejar las fumigaciones de escuelas rurales,
viviendas campesinas y barrios periurbanos. leer en Pág 12
