La noticia publicada el martes 18 de enero en el sitio mdzonline, dice que el gobierno de Mendoza “(…) elaborará un listado con los nombres de los más de 60.000 chicos y jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, entendiendo a esta como situaciones familiares de necesidades económicas y de trabajo irregular, que en muchas condiciones (sic) derivan en violencia familiar, según la definición que dio el propio ministro de Desarrollo Humano, Carlos Ciurca. Este padrón permitirá tener identificados los chicos de hasta 26 años que reciben ayuda estatal y realizar un seguimiento de su situación…”. Al final de la nota se refleja cuál es el objetivo de este empadronamiento, según el ministro de Desarrollo Humano: “Al dar la conferencia de prensa, Ciurca dijo que se trata de medidas que apuntan a la integración social y a la disminución del delito.”
El sociólogo francés Loïc Wacquant escribió hace unos años un libro que se llama “Las cárceles de la miseria”. Allí describe cómo, a partir de las políticas impuestas en los Estados Unidos y luego “derramadas” hacia Europa y América Latina, el Estado Social, o Estado de Bienestar, fue perdiendo peso frente al Estado penal-policial, y cómo ese proceso se ha ido desarrollando a través de las agencias estatales creadas para atender la problemática sanitaria, educativa, poblacional y cultural de los ciudadanos, y que luego son utilizadas como instrumentos de control social. En ese contexto, las listas de quienes reciben algún tipo de ayuda social, porque son considerados en “situación de vulnerabilidad”, son luego cruzadas con las listas de las agencias judiciales y policiales, porque, como dice el ministro de Desarrollo Humano mendocino, la lógica que predomina en estos programas es que su función es disminuir el delito. leer más en Agencia de Noticias Pelota de Trapo